El cambiante escenario normativo exige que las Iglesias de Derecho Público adapten sus estructuras internas. Desde mayo de 2024, Legal Fortress Abogados ha liderado un profundo proceso de regularización legal y patrimonial para una entidad religiosa, que incluyó sesiones de trabajo con el directorio de dicha entidad, y concluyó con una masiva capacitación y charla a sus líderes.
El marco legal que regula a las iglesias en Chile se ha vuelto cada vez más exigente, requiriendo un estándar de transparencia y cumplimiento similar al de cualquier organización compleja. Atendiendo a este desafío, desde mayo de 2024 hemos comenzado a prestar servicios de asesoría especializada al Directorio de una reconocida entidad religiosa de nuestro país.
El trabajo desarrollado durante estos meses se ha enfocado en dos áreas críticas para el resguardo institucional:
- Revisión y Actualización de Estatutos: Se asesoró a la directiva en la actualización de sus estatutos, asegurando que su estructura de gobierno y toma de decisiones cumplan con los estrictos estándares exigidos hoy en día.
- Regularización Inmobiliaria y Patrimonial: Uno de los mayores riesgos para las iglesias es mantener bienes a nombre de terceros. Por ello, orientó a la entidad en los procedimientos legales para regularizar el dominio de sus propiedades, asegurando que los templos queden debidamente inscritos a nombre de la Persona Jurídica Religiosa, protegiendo así el patrimonio de la congregación.
Capacitación Masiva: Preparando a los líderes para los nuevos desafíos
Como hito central de esta asesoría, durante el mes de octubre de 2024, llevamos a cabo una extensa jornada de capacitación dirigida a más de 100 pastores y pastoras pertenecientes a la entidad. El objetivo de este encuentro fue empoderar a los líderes locales y concientizarlos sobre sus deberes fiduciarios frente a la ley.
Durante la charla, nuestro equipo expuso detalladamente sobre dos pilares fundamentales:
- La Ley de Culto (Ley N° 19.638): Se abordaron los alcances prácticos de esta ley, explicando cómo el Estado garantiza la autonomía de las iglesias, los límites en la administración de sus bienes materiales y los beneficios de contar con una estructura jurídica de Derecho Público sólida.
- Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley N° 20.393 y nueva Ley de Delitos Económicos N° 21.595): Se encendieron las alertas sobre el nuevo escenario penal. Se explicó a los pastores que, tras las últimas reformas, las iglesias de derecho público ahora son penalmente responsables por delitos económicos, lavado de activos o fraudes cometidos en su interior. Se hizo hincapié en que la falta de un «Modelo de Prevención de Delitos» (Compliance) expone a la iglesia a multas millonarias e incluso a la pena máxima de extinción (disolución) de la persona jurídica,.
Esta experiencia de asesoría continua y capacitación masiva reafirma nuestro compromiso y liderazgo en la entrega de soluciones legales preventivas para el mundo religioso. Entendemos que la mejor forma de proteger el ministerio y la obra de las iglesias es dotándolas de una armadura legal firme, transparente y ajustada a las normativas del siglo XXI.
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